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La protección para periodistas necesita más recursos, pero sobre todo una respuesta de Estado: ONU

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó este lunes, a petición de la Secretaría de Gobernación, un centenar de recomendaciones que servirán para reforzar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que lanzó el gobierno mexicano en 2012.

Para la confección del informe se contó con un amplio volumen de documentos sobre el Mecanismo, más de 100 horas de entrevistas a 147 a personas relacionadas con ese instrumento, el análisis detallado de cómo actuó el Mecanismo en diversos procesos y el intercambio de pareceres con expertos y entidades especializadas en protección de los defensores de derechos humanos y periodistas.

La Oficina resaltó la gran importancia que supone contar con el Mecanismo ya que 62 los beneficiarios entrevistados destacaron que la protección proporcionada por esa salvaguarda es el motivo por el cual siguen vivos.

El representante de la Oficina en México, Jan Jarab, explicó que el “desarrollo progresivo” del instrumento se debe a un aprendizaje de seis años, a que el marco legal ha sido lo suficientemente flexible y  a que prevé un esquema de gobernanza participativa de la ciudadanía.

Sin embargo, indicó que la disposición continúa conformando una respuesta insuficiente por distintas razones y que algunas de ellas se remontan al inicio de la creación del instrumento.

Falta de personal y recursos económicos

En concreto, el estudio destaca la insuficiencia de recursos humanos y económicos para cubrir los requisitos legales y las necesidades de protección. Por ejemplo, subraya que mientras el número de trabajadores no aumentó desde el año 2014, cifra de personas protegidas creció hasta un 236%.

Así, las previsiones de la Secretaría de Gobernación para 2019 contemplan la protección de 1131 personas y con un gasto de 325 millones de pesos ( equivalente a unos 16 millones de dólares), pese a que el presupuesto asignado para el actual ejercicio fue de 207 millones de pesos (alrededor de 10,5 millones de dólares).

Indefinición de las prioridades políticas

Otro apartado del estudio indica que no hay “un mensaje claro de priorización política que garantice su función principal de coordinar las acciones de la Federación y de las entidades federativas” para la protección de los afectados.

Del mismo modo, tanto los funcionarios como las personas protegidas destacaron la falta de participación activa de las autoridades que componen la Junta de Gobierno.

Además, el documento destaca la necesidad de comprender que, sin un enfoque de prevención, la principal guía para evitar la consumación del daño, “combinado con una actuación dirigida a anular las causas del riesgo no se va a disminuir la necesidad de protección individual”, lo que haría  ineficaz e insostenible al mecanismo.

Según los datos publicadas por el Mecanismo, en más de la mitad de los casos en que se identificó a los presuntos perpetradores, éstos eran servidores públicos. Sin embargoel análisis revela que hasta la fecha ese instrumento carece de criterios de actuación adecuados para “condenar públicamente cualquier ataque por parte de los servidores públicos; dar vista a la fiscalía correspondiente para que se inicie una investigación criminal; e iniciar el procedimiento correspondiente de control y sanción administrativa”.

El estudio concluye que los cambios necesarios no se ciñen únicamente a una mayor partida presupuestaria, sino que demandan una respuesta de Estado que establezca “una ruta con una visión amplia para dar seguimiento interinstitucional a la implementación de las acciones de fortalecimiento que deriven de las necesidades identificadas”.

Las 104 recomendaciones finales del informe se divididen en tres apartados que buscan reforzar la protección del Estado Mexicano en su conjunto, el propio Mecanismo y la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN), el órgano responsable de coordinar el funcionamiento del Mecanismo con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y con organismos autónomos.

Puede leer la totalidad de las recomendaciones incluidas en el Diagnóstico Sobre el Funcionamiento del Mecanismo en el siguiente enlace

Durante 2019 la Oficina de la ONU ha documentado al menos 11 asesinatos de periodistas y por lo menos de 13 asesinatos de defensores de derechos humanos.

En 2018 registró 12 asesinatos de periodistas y 14 de personas defensoras de derechos humanos. En 2017 documentó 12 asesinatos de periodistas y 7 de personas defensoras de derechos humanos .

Fuente: ONU Noticias