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Defensoría de los Habitantes de Costa Rica coordina con AyA necesidad de acceso al agua potable

Escuelas y comunidad de Río Nuevo de Pérez Zeledón urge de agua potable.

En el marco de las preocupaciones institu-cionales, el acceso al agua potable es de prioritario interés, lo anterior partiendo de la premisa de que, sin agua en cantidad y calidad, no hay vida posible, tal y como lo ha definido la misma Sala Constitucional a partir de su reconocimiento como un derecho fundamental.

En cumplimiento del marco normativo vigente y en garantía de un buen gobierno, no solo el reconocimiento legal es necesario, sino que la vivencia del derecho en todos sus alcances y dimensiones debe ser posible. Por esto, debe el Estado llevar a cabo las gestiones necesarias para salvaguardar los intereses públicos y velar porque los ciudadanos tengan acceso al agua potable; esto como parte de los principios de justicia social y ambiental estipulados en la Constitución Política costarricense.

Es así como para la Defensoría de los Habitantes, el tema de suministro de agua potable en calidad y cantidad apropiadas ha sido una preocupación constante, especialmente considerando la frecuencia con que continúan presentándose quejas por la inadecuada administración de este vital servicio, violentando los derechos fundamentales a la salud y a la vida.

En el caso puntual de las escuelas La Caverna y El Brujo, ubicadas en el distrito de Río Nuevo de Pérez Zeledón, a partir de varias denuncias recibidas por la no prestación del servicio en cantidad, continuidad y calidad, se intervino ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que se brinde una solución al desabastecimiento imperante, lo cual pone en riesgo la salud de los niños y niñas de dichas escuelas al no poder satisfacer sus necesidades básicas de higiene y sanidad.

Ante gestiones realizadas por la Defensoría, el AyA informó que es necesario realizar una medición de caudal en la zona para determinar la viabilidad de un proyecto de abastecimiento de agua potable para la comunidad. Asimismo, que, debido a las dificultades de acceso al lugar y la falta de permisos para el ingreso a propiedades privadas, la Oficina Regional programa la visita.

La Defensoría considera que cuando las personas afectadas son especialmente vulnerables, como lo son las personas menores de edad, las respuestas deben de ser aún más oportunas y razonables, lo que a su vez demanda una coordinación especial con el Ministerio de Educación Pública, con el fin de que se conozcan las obras a realizar.

Así las cosas, la Defensoría recomendó al AyA ordenar las medidas necesarias y ejecutar las acciones pertinentes, de forma que se realicen las mejoras necesarias en los sistemas de acueducto y alcantarillado y se preste de forma adecuada el servicio de agua potable los educativos afectados. Y mientras no exista una solución definitiva, deben adoptarse las medidas provisionales necesarias para proporcionar, en el próximo curso lectivo 2019, el acceso a agua potable.

Defensoría coordina intervención

Denuncias como la anterior, motivaron la realización la semana anterior de una reunión de coordinación con la participación de la Defensora de los Habitantes, la Presidenta Ejecutiva del AyA y sus respectivos equipos de apoyo técnico, con el objetivo de definir una ruta de trabajo conjunto que favorezca una mejor y más oportuna atención de las denuncias recibidas.

Este esfuerzo implicará la revisión de nuevas propuestas normativas especialmente tratándose del fortalecimiento de las ASADAS, la posibilidad de otorgar subsidios a la población en extrema pobreza y la importancia de coordinar talleres de trabajo con participación de funcionarios de ambas instituciones, partir de los casos atendidos.

Además la Defensoría fue enfática en reiterar a las autoridades del AyA la importancia de garantizar la participación ciudadana en los proyectos ejecutados a lo largo de país para garantizar agua potable; debe imperar el acceso a la información y la transparencia.

La Defensoría trabajará durante el año 2019 en la identificación de las comunidades del país donde existen mayores limitaciones en el acceso al agua potable, para determinar su impacto en poblaciones en condición de vulnerabilidad, por lo tanto, este trabajo colectivo entre ambas instituciones será fundamental.

“El AyA tiene el deber de ser diligente y sus acciones deben ejecutarse en plazos razonables, con el fin de proteger la integridad y salud de todas las personas, especialmente aquellas en condición de vulnerabilidad, siendo el caso de las escuelas de Río Nuevo de Pérez Zeledón, un claro ejemplo de la necesidad de este trabajo conjunto”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.