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Atender las alertas tempranas de la Defensoría puede salvar vidas

  • El 80 % de los homicidios de líderes sociales y defensores de DD.HH. se presentaron en municipios advertidos en la alerta temprana 026-18.
  • El 83 % de los homicidios fueron contra líderes de juntas de acción comunal, campesinos, indígenas, comunitarios y de comunidades negras.

“Las alertas tempranas no son para controvertir ni para ser controvertidas. Después de emitir la Alerta Temprana N° 026-18, en marzo del 2018, fueron asesinados 162 defensores de derechos humanos y líderes sociales, la mayoría de ellos, en solo 99 municipios de todo el país”, explicó este jueves el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera.

En la audiencia defensorial para el Seguimiento a la Alerta Temprana N° 026-18, para líderes y personas defensoras de DD.HH. que se realizó hoy en El Carmen de Bolívar (Bolívar), el Defensor Negret Mosquera dio a conocer que después de marzo del año pasado se han emitido 70 alertas en las que se advierten escenarios de riesgo para personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, lo cual representa el 95% de los documentos de advertencia de la Defensoría del Pueblo.

Además indicó que de los 162 homicidios, 149 eran hombres y 13 mujeres; y que un 48% estaban entre los 30 y 60 años.

El 83% de los homicidios fueron cometidos en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Nariño, Meta, Córdoba y Chocó. Estas son regiones que históricamente han sufrido la guerra; se encuentran en proceso de implementación de acuerdos; son zonas escenario de disputa de varios actores armados y tienen factores de pobreza y exclusión profundas.

El incremento de los homicidios coincidió con la época electoral en el 2018, porque un 41% de los casos (71), ocurrieron entre mayo y agosto, época de la campaña presidencial.

La violencia contra los líderes recrudeció tanto en homicidios como en amenazas. Los homicidios pasaron de 126 en 2017; a 178 en el 2018, lo cual significa un aumento del 27 % en asesinatos. En enero de 2019 se cometieron 15.

Y en cuanto a las amenazas, que en 2017 se denunciaron 270 individuales, aumentaron a 740 en 2018, para un incremento del 63,5 %. Además, se tuvieron 500 amenazas en contra de organizaciones sociales.

En 248 casos se presentó intimidación o amenaza directa; 154 con escritos amenazantes; 194 casos usando mecanismos digitales (mail, llamadas celulares, mensajes de texto, redes sociales) y en 105 casos usaron intermediarios para la intimidación.

Para la Defensoría del Pueblo es prioritario que se trabaje para evitar la impunidad, si se tiene en cuenta que de los 162 homicidios, solo en nueve hay un avance en los procesos judiciales.